El Pacto Verde Europeo: ¿Qué logros hemos alcanzado previo a las elecciones europeas?

El 9 de junio, más de 350 millones de votantes de 27 países europeos elegirán a sus nuevos representantes, enfrentando el reto clave de definir las prioridades estratégicas de la política europea para el periodo 2024-2029.

Morgane Sorin

7 jun 2024 9 minutos de tiempo de lectura

El 9 de junio, más de 350 millones de votantes de 27 países europeos elegirán a sus nuevos representantes, enfrentando el reto clave de definir las prioridades estratégicas de la política europea para el periodo 2024-2029. La gran pregunta será si se continuará con el plan de transformación económica impulsado por la Comisión Europea bajo la dirección de Ursula von der Leyen. Aprobado en 2019, el Pacto Verde Europeo busca convertir a la UE en el primer continente climáticamente neutro para 2050. A pesar de las reformas emblemáticas y los intentos fallidos, las empresas y las autoridades locales deberán estar a la vanguardia de la implementación de estas políticas. En este contexto, Jordan Hairabedian, consultor sénior de investigación en políticas climáticas y medioambientales de SE Advisory Services, analiza los avances de la UE dentro de la estrategia del Pacto Verde.

En diciembre de 2019, la Comisión Europea se propuso mejorar el estado del medio ambiente, abordando temas como el clima, la biodiversidad, la contaminación, la economía circular y la agricultura sostenible, con el fin de mejorar la salud y el bienestar de los europeos. En la práctica, esto implica revisar más de 50 reglamentos, con un coste de 1.000 millones de euros. A pesar de los desafíos impuestos por la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania, el Pacto Verde logró salir adelante.

Un sólido marco jurídico para combatir el cambio climático

En cuanto al clima, se ha adoptado el paquete normativo Fit for 55, cuyo objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 55% para 2030 en comparación con 1990. Entre las reformas clave, se ha elevado la ambición del mercado europeo de carbono, aumentando el objetivo global de reducción de emisiones del -43% al -62% para 2030, en comparación con 2005. A los sectores actualmente cubiertos (electricidad, generación térmica, industria pesada y aviación comercial) se unirán el transporte marítimo a partir de 2024, y el transporte por carretera y los edificios a partir de 2027.

Con el fin de evitar que las empresas europeas se vean perjudicadas frente a sus competidores extranjeros, se ha creado el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés). Este mecanismo permite aplicar a las importaciones el precio del carbono del mercado europeo, garantizando así la competitividad de las organizaciones europeas y evitando la fuga de activos al extranjero.

En el sector energético, el objetivo es aumentar la producción de energía renovable al 42,5% para 2030. Además, se requiere que los Estados miembros reduzcan su consumo energético en un 11,7% para ese mismo año. Para respaldar estos objetivos, se aprobó en mayo de 2024 el Reglamento sobre la Industria de Cero Emisiones Netas, el cual fortalece la capacidad de fabricación de tecnologías bajas en carbono. Se pretende que, para 2030, al menos el 40% de las necesidades anuales de Europa sean cubiertas por tecnologías de bajo carbono y que la UE capture al menos el 15% del mercado mundial.

En los sectores de agricultura, transporte, construcción y residuos, se requiere una reducción del 40% en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. El transporte, en particular, enfrenta un gran desafío en este sentido. Las emisiones de CO2 de los nuevos coches y furgonetas deben disminuir en un 55% y un 50%, respectivamente, para 2030 en comparación con 2021, alcanzando un 100% de reducción para 2035, excluyendo los vehículos de combustión e híbridos. Asimismo, los fabricantes de camiones y autobuses interurbanos deben reducir las emisiones de CO2 de sus flotas en un 43% para 2030, un 63% para 2035 y un 90% para 2040. Se establece que los nuevos autobuses urbanos vendidos a partir de 2035 no deben emitir CO2. Paralelamente, los reglamentos de aviación ReFuel y marítimo de FuelEU tienen como objetivo disminuir la intensidad de carbono de los combustibles de aviación y marítimos mediante la introducción de combustible de aviación sostenible (SAF) y la mejora de la eficiencia energética. En el sector inmobiliario, todos los nuevos edificios deberán ser de consumo cero neto a partir de 2030. Cada Estado miembro establecerá su propia trayectoria para reducir el consumo promedio de energía primaria de los edificios residenciales en un 16% para 2030, y entre un 20% y un 22% para 2035.

Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en las empresas

El mandato actual ha sido especialmente activo en la promulgación de normativas sobre la presentación de informes de sostenibilidad. En 2024, entró en vigor una directiva clave: la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés). Esta directiva equipara la información medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG) con la información financiera, incluyéndola en el informe de gestión y sometiéndola a auditoría. Gracias a los estándares de información ESG, ahora existe un nuevo lenguaje de sostenibilidad conocido como ESRS (Estándares Europeos del Reporte en Sostenibilidad). Mientras que esta directiva establece una obligación de transparencia para las grandes empresas y las PYMES cotizadas, la Directiva sobre Diligencia Debida (CSDDD, por sus siglas en inglés) impondrá una obligación de medios para las empresas con más de 1.000 empleados y un volumen de negocios superior a los 450 millones de euros. Estas empresas deberán identificar sus impactos socioambientales y tomar medidas para reducirlos, al mismo tiempo que desarrollan y ejecutan un plan de transición climática compatible con la meta de limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

En el ámbito financiero, el año 2021 marcó la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés). Este reglamento introduce una clasificación de los productos financieros en tres categorías: aquellos que promueven características medioambientales y/o sociales (llamados productos del “artículo 8”), aquellos diseñados para la inversión sostenible (productos del “artículo 9”) y otros (productos del “artículo 6”). Esta normativa está vinculada al Protocolo de Kioto, que permite evaluar el rendimiento sostenible de las actividades económicas conforme a criterios específicos relacionados con el clima, la contaminación, el agua, la economía circular, la biodiversidad y la contaminación.

Dirigiendo los esfuerzos hacia la redución de la contaminación y el impulso de la economía circular

En 2020 se estableció un plan de acción para promover la economía circular, con el objetivo de aumentar la circularidad y la sostenibilidad de los productos mediante la reutilización, reparación y reciclaje, así como la reducción de residuos y una mejor información para los consumidores. Este plan incluye medidas como la eliminación del plástico de un solo uso, la promoción de la reparación, la clarificación de las declaraciones ambientales y el manejo de materiales críticos, entre otros aspectos.

Un texto destacado, el Reglamento sobre el Ecodiseño y la Sostenibilidad de Productos, adoptado en abril de 2024 por el Parlamento Europeo, fortalece la Directiva de Ecodiseño, la cual hasta ahora se aplicaba únicamente a productos energéticos, ampliándola para incluir también hierro, acero, aluminio, textiles, muebles, neumáticos, detergentes, pinturas y productos químicos. Además, se introducirá un nuevo ‘pasaporte digital de productos’ que proporcionará información sobre sostenibilidad ambiental.

En 2021, también se implementó un plan de acción denominado “Hacia una contaminación cero del aire, el agua y el suelo” con vistas al año 2050. De los seis objetivos establecidos, tales como la reducción del impacto de la contaminación atmosférica en la salud y la biodiversidad, la mitigación de las molestias causadas por el transporte, la regulación del uso de plaguicidas y la disminución de los residuos plásticos en el mar y la producción de desechos, parece que solo el objetivo de reducir en un 55% el impacto de la contaminación atmosférica en la salud humana está en camino de alcanzarse antes de 2030. Sin embargo, se ha experimentado un contratiempo significativo: el aplazamiento de la revisión del Reglamento REACH, que tenía previsto introducir nuevas medidas sobre los productos químicos peligrosos.

Éxitos desiguales en materia de biodiversidad

En cuanto a la biodiversidad, el 80% de los ecosistemas europeos están degradados. Para abordar este problema, la Ley de Restauración de la Naturaleza debe permitir la restauración de al menos el 20% de la tierra y el mar de la UE para 2030, así como la recuperación de todos los ecosistemas degradados para 2050. Además, se busca revertir el declive de los polinizadores y garantizar un mínimo del 10% de cubierta arbórea en las ciudades. A pesar del acuerdo alcanzado entre las instituciones europeas, persiste un estancamiento en el seno del Consejo de la Unión Europea.

Dicho esto, el estancamiento se ha aliviado con una medida dirigida a combatir la deforestación importada. Desde el 31 de enero de 2020, ya no se permite la importación en Europa de los siguientes productos si han contribuido a la deforestación: ganado, cacao, café, aceite de palma, soja y madera, así como productos que contengan estas materias primas o hayan sido alimentados o fabricados a partir de ellas (como cuero, chocolate y muebles). Esta política representa un verdadero incentivo para que las empresas reduzcan su impacto en el medio ambiente dentro de su cadena de valor.

Un retroceso medioambiental para la política agrícola

La Política Agrícola Común representa alrededor de un tercio del presupuesto de la Unión Europea, y el Pacto Verde tenía como objetivo hacerla más sostenible y viable. Sin embargo, debido a la presión de grupos de interés y las protestas de los agricultores, se han producido varios retrocesos: se abandonó el objetivo de reducir a la mitad el uso de plaguicidas para 2030, se revirtieron las condicionalidades ambientales y la propuesta de ley marco para sistemas alimentarios sostenibles no avanzó.

En resumen, la legislatura actual ha sido notablemente proactiva en cuanto a políticas ambientales, a pesar de los contratiempos experimentados en algunas áreas estratégicas. Las elecciones europeas del 9 de junio serán determinantes para decidir si esta ambición se continuará persiguiendo. Tanto las empresas como las autoridades locales desempeñarán roles fundamentales en esta transición. El principal desafío residirá en comprender, difundir y aplicar de manera efectiva estos múltiples objetivos y regulaciones innovadoras para lograr un mayor impacto positivo y aumentar la resiliencia.