A medida que los negociadores alcanzan el ecuador de la COP30 en Belém, la primera conferencia climática mundial celebrada en la Amazonía, el simbolismo difícilmente podría ser más contundente. Este ecosistema sostiene a 50 millones de personas, incluidas más de 400 comunidades indígenas en nueve naciones, y representa un recordatorio vivo de por qué la acción climática importa. Sin embargo, el desafío central de la conferencia sigue siendo eminentemente práctico: transformar una década de compromisos climáticos en implementación medible. La descripción del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como la “COP de la verdad” captura tanto la urgencia como la oportunidad. Con 111 de los 198 signatarios del Acuerdo de París habiendo presentado planes climáticos actualizados, el impulso está creciendo, aunque aún queda mucho trabajo por hacer.
André Corrêa do Lago, presidente de la COP30, ha dirigido las negociaciones con una habilidad diplomática que recuerda la conducción de Raúl Estrada-Oyuela en las negociaciones de Kioto hace casi tres décadas. Como su predecesor argentino, Corrêa do Lago entiende que el progreso a menudo significa saber qué batallas posponer, asegurando la aprobación rápida de la agenda en temas consensuados mientras deja cuestiones espinosas, como el financiamiento y las medidas comerciales unilaterales, para discusiones paralelas. Este pragmatismo táctico busca evitar el estancamiento y las arenas movedizas procedimentales que han retrasado cumbres anteriores.
La ecuación del financiamiento sigue siendo motivo de preocupación. La COP29 en Bakú aseguró 300.000 millones de dólares anuales para la acción climática en países en desarrollo para 2035, muy por debajo de los 1,3 billones de dólares necesarios por año hasta 2030[1]. Esta brecha no es solo numérica; define la crisis de credibilidad que enfrenta la diplomacia climática. La frustración ha estallado, con países en desarrollo expresando “profunda decepción” por el ritmo lento de las discusiones del Artículo 9.1 — la disposición del Acuerdo de París que exige que los países desarrollados proporcionen financiamiento climático. Países como Ghana defienden que el carácter vinculante del ‘deberá’ exige subvenciones, no préstamos que aumenten su endeudamiento.
Este estancamiento en el financiamiento agrava desafíos más amplios de implementación. El embajador Mauricio Carvalho Lyrio, secretario brasileño para Clima, Energía y Medio Ambiente, observa que la frustración va más allá del financiamiento, alcanzando el ritmo de las presentaciones de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs, por sus siglas en inglés). Incluso cuando existen compromisos, surgen preguntas más difíciles sobre si estos pueden lograr la transformación necesaria. La brecha entre ambición y acción se amplía con cada ciclo de negociación.
En este contexto, Ricardo Mussa, presidente de la iniciativa Sustainable Business COP30 de la Confederación Nacional de la Industria de Brasil (CNI), capturó el consenso emergente: hemos entrado en una fase que exige “menos discusión y más ejecución”. La implicación es clara: si los mecanismos tradicionales de financiamiento climático no pueden cubrir la brecha de billones de dólares, deben surgir vías alternativas. Para SE Advisory Services y nuestros clientes, la transición de la planificación a la ejecución está redefiniendo el liderazgo climático. El avance en objetivos, metas y transparencia es importante, pero la implementación requiere un enfoque totalmente integrado que conecte la descarbonización de la cadena de suministro con la adquisición acelerada de energía renovable, estrategias de eficiencia energética y electrificación, una estrategia de créditos de carbono de alta integridad, y la gestión de riesgos climáticos y naturales integrada en la planificación de adaptación al cambio climático. La capacidad de conectar estos elementos en un plan de descarbonización basado en la ciencia y financieramente resiliente es ahora un marcador de liderazgo, transformando ambición en impacto medible.
El lanzamiento del Tropical Forests Forever Facility (TFFF) representa la iniciativa estrella de la COP30, con 5.500 millones de dólares ya comprometidos hacia una meta ambiciosa de 125.000 millones de dólares. El compromiso de 3.000 millones de dólares de Noruega, junto con contribuciones de Brasil, Indonesia y otros países, representa un avance significativo hacia los 25.000 millones de dólares necesarios en capital público y de patrocinadores, que apalancarán otros 100.000 millones de dólares inversores privados, una estructura que pone a prueba si el financiamiento climático puede finalmente movilizar capital institucional a gran escala. La estructura de gobernanza del mecanismo, que incorpora a la sociedad civil, los pueblos indígenas y al ámbito académico a través de consejos consultivos y administrativos, sugiere un enfoque más maduro para el financiamiento climático.
Para las empresas, el lanzamiento del TFFF refuerza la creciente importancia de la financiación basada en la naturaleza en la planificación de la transición. Los proyectos forestales de alta integridad pueden proporcionar remociones medibles de carbono, fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro y ofrecer beneficios complementarios alineados con los objetivos globales de sostenibilidad. Las compañías deben enfocarse en tres prioridades:
En el ámbito de cumplimiento normativo, Brasil lanzó la “Open Coalition on Compliance Carbon Markets”, que reúne a China, Canadá, México, Reino Unido, miembros de la UE y otros para crear estándares compartidos para sistemas nacionales de comercio de carbono. La coalición busca prevenir la doble contabilización y establecer marcos comunes para vincular mercados de cumplimiento. Brasil consolida su liderazgo regional con acciones concretas; el Ministerio de Hacienda presentó la hoja de ruta para la implementación del Sistema Brasileño de Comercio de Emisiones (SBCE) durante la COP30, basándose en el decreto de octubre (Nº 12.677)[3] que estableció el marco regulatorio. La ley prevé el uso de créditos de carbono generados mediante metodologías acreditadas, incluidas aquellas provenientes de soluciones basadas en la naturaleza, como actividades de uso de la tierra y forestales. Con la agricultura, el cambio en el uso de la tierra y la silvicultura responsables de más del 60% de las emisiones nacionales, se espera que estos sectores desempeñen un papel central en la generación de créditos elegibles para cumplimiento junto con la descarbonización industrial.
En el mercado voluntario, Indonesia fijó metas ambiciosas en la COP30, apuntando a mil millones de dólares en ventas de créditos de carbono provenientes de 90 millones de toneladas en proyectos forestales, energéticos e industriales. El país aseguró un acuerdo de reconocimiento mutuo con el estándar internacional Verra[4] para 50 millones de toneladas de créditos y firmó un memorando de entendimiento con el ICVCM para garantizar la consistencia en la calidad. Con un potencial de 13,4 mil millones de toneladas, valorado entre 2,8 y 8,6 mil millones de dólares anuales para 2050, Indonesia se posiciona como proveedor de créditos de carbono en Asia.
Varios otros países anunciaron iniciativas para mercados voluntarios. Corea del Sur planea establecer el próximo año un organismo emisor de créditos para un mercado voluntario global de carbono de alta integridad, alineado con los estándares del Acuerdo de París. Estos anuncios se basan en el impulso generado a principios de este año, cuando Kenia, Singapur y el Reino Unido lanzaron la “Coalition to Grow Carbon Markets” en junio de 2025, una iniciativa liderada por gobiernos para fortalecer la demanda voluntaria de créditos de carbono de alta integridad y proporcionar a las empresas una orientación coherente en distintas jurisdicciones.
Este aumento en la oferta coincide con una mayor sofisticación de los compradores corporativos. El informe ‘Carbon Credit Outlook 2025’ de SE Advisory Services encontró que el 55% de las empresas planea aumentar sus compras de créditos de carbono para 2030, pero son cada vez más selectivas. La Alianza Internacional para la Reducción y Compensación de Carbono (ICROA, por sus siglas en inglés), que establece directrices de mejores prácticas para el mercado voluntario de carbono, se ha convertido en un referente clave de calidad; el 66% de las empresas ahora exige créditos provenientes de estándares avalados por ICROA.
Para los clientes de SE Advisory Services, estos desarrollos plantean preguntas prácticas: cómo construir carteras de créditos de carbono que equilibren costo, calidad e impacto; si asegurar acuerdos de suministro a largo plazo o mantener flexibilidad a medida que evolucionan los estándares; y cómo las estrategias voluntarias podrían necesitar adaptarse si se amplían los requisitos de cumplimiento. A medida que ambos mercados maduran, la clave es desarrollar enfoques lo suficientemente sólidos para generar valor independientemente de cómo cambien los marcos regulatorios.
El Fondo de Respuesta a Pérdidas y Daños[5], establecido en la COP27 en Egipto para abordar los impactos irreversibles del cambio climático en países vulnerables, ha dado pasos concretos hacia su operacionalización con las Modalidades de Implementación de Barbados; 250 millones de dólares en subvenciones para 2025-2026. Su primer proceso de reposición no comenzará hasta 2027, lo que pone de relieve la brecha persistente entre los impactos climáticos que ya ocurren y el apoyo financiero disponible.
En enero de 2025, el Fondo de Adaptación y el Fondo para Responder a Pérdidas y Daños firmaron un marco de cooperación[6]: un reconocimiento tácito de que la adaptación y las pérdidas y daños son, como dijo un responsable, “dos caras de la misma moneda”. La lógica es sencilla: una financiación insuficiente para la adaptación hoy genera facturas más grandes por pérdidas y daños mañana. Sin embargo, esta coordinación surge en medio de crecientes desacuerdos sobre cómo financiar y medir la adaptación en sí.
Las discusiones sobre la Meta Global de Adaptación revelan una división fundamental arraigada en la complejidad de medir el progreso en adaptación. A diferencia de la mitigación, que puede cuantificarse mediante métricas de gases de efecto invernadero, la adaptación abarca resultados diversos en contextos muy diferentes: desde cultivos resistentes a la sequía en el Sahel hasta infraestructura costera en pequeños estados insulares.
El Grupo Africano, el bloque negociador de 54 naciones, argumenta que los marcos de indicadores existentes no capturan adecuadamente estas realidades regionales y propone un grupo de trabajo de dos años para desarrollar medidas más apropiadas antes de finalizar decisiones en la COP32 en 2027. La UE presiona por avances inmediatos, exigiendo que al menos un indicador por objetivo sea aprobado en la COP30. Esto no es meramente procedimental; refleja desacuerdos más profundos sobre si las métricas globales estandarizadas pueden capturar el éxito de la adaptación en vulnerabilidades y geografías radicalmente diferentes.
Las disputas sobre financiación agravan estas tensiones. Las naciones en desarrollo exigen que los países desarrollados tripliquen sus contribuciones colectivas de adaptación entre 2025 y 2030. El Grupo Árabe, que representa a 22 naciones de la Liga Árabe, propone específicamente que la financiación de adaptación equivalga a la mitad de la Nueva Meta Cuantificada Colectiva (NCQG, por sus siglas en inglés)[7], el objetivo de financiación climática posterior a 2025 que reemplaza el compromiso anual de 100.000 millones de dólares. Esto significaría aproximadamente 150.000 millones de dólares para la adaptación. Los negociadores europeos han rechazado firmemente ambas propuestas, exponiendo la brecha persistente entre las necesidades de adaptación y la financiación disponible.
Sin embargo, la adaptación avanza lentamente donde más importa. El Plan de Acción de Belém para la Salud representa un momento histórico: el primer documento internacional de adaptación climática dedicado específicamente a la salud. Esto no es periférico es el reconocimiento de que el cambio climático es, fundamentalmente, una crisis de salud. Olas de calor que afectan a miles de personas desde Pakistán hasta Phoenix, dengue y malaria alcanzando mayores altitudes y latitudes, contaminación del aire asfixiando ciudades en Asia, África y América Latina. Estos no son riesgos futuros, sino realidades presentes.
Para las empresas, el mensaje es inequívoco: la planificación de la adaptación al cambio climático no puede esperar al consenso global. Las compañías ya están priorizando evaluaciones de riesgo climático y vulnerabilidad de la cadena de suministro, inversiones en infraestructura ajustada al clima y protocolos para el estrés térmico de la fuerza laboral. El sector privado comienza a entender lo que los negociadores luchan por formalizar; proteger la salud humana y mantener la resiliencia operativa son inseparables de la adaptación climática. Se están adaptando porque deben, no porque los acuerdos internacionales sean claros.
La semana anterior a la COP30, la Cumbre de Implementación Climática en São Paulo[8] reveló la magnitud de las oportunidades de inversión. La “Climate Bonds Initiative”[9] mapeó 4,4 billones de dólares en inversiones alineadas con el clima en solo 12 economías hasta 2035. Brasil por sí solo representa 141.000 millones en oportunidades de restauración forestal durante tres décadas: proyectos concretos con rutas definidas, no solo estimaciones teóricas.
El marco financiero brasileño está evolucionando para aprovechar esta oportunidad. La Taxonomía Sostenible Brasileña[10], aprobada en agosto de 2025, integra dimensiones climáticas, naturales y sociales para guiar los flujos de capital. La tercera emisión de bonos soberanos sostenibles del país durante la COP30, recaudando 2,25 mil millones de dólares, demuestra el apetito del mercado. Los Principios para la Interoperabilidad de Taxonomías[11], lanzados en la Bolsa de São Paulo el 11 de noviembre de 2025, buscan armonizar marcos globales y reducir la fragmentación.
Este impulso ocurre mientras los mercados establecidos envían señales mixtas. El Parlamento Europeo votó para reducir los requisitos de reporte bajo la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés) y estrechar el alcance de la Taxonomía de la UE, citando reducción de carga y simplificación. Esta divergencia —mercados emergentes construyendo marcos mientras mercados desarrollados los reducen — crea complejidad para las empresas multinacionales que operan en diferentes jurisdicciones.
La trayectoria es clara: las finanzas sostenibles se están convirtiendo simplemente en finanzas. La distinción entre inversión “verde” y “tradicional” se vuelve cada vez más artificial a medida que el riesgo climático se convierte en riesgo de inversión, y las métricas de sostenibilidad pasan a ser parte de la diligencia debida estándar.
Esta convergencia fue evidente durante el panel de la CNI sobre gobernanza climática, moderado por Mathieu Piccin, Director de Sustainability Business para América Latina en SE Advisory Services, donde las instituciones financieras discutieron cómo están moldeando activamente la transición mediante gobernanza climática y asignación de capital, en lugar de esperar mandatos regulatorios. Los marcos que se están construyendo hoy determinarán la rapidez con que ocurra esta integración.
Gabriel Santamaria, Director General | Responsable de Sostenibilidad en Banco do Brasil; Rafaella Dortas, Responsable de ESG | Socia Asociada en BTG Pactual; Mathieu Piccin, Director de Sustainability Business para América Latina en SE Advisory Services; Fabiana Costa, Superintendente de Sostenibilidad en Banco Bradesco; y Carlos Takahashi, Director de la Asociación Brasileña de Entidades del Mercado Financiero y de Capitales (ANBIMA) y Presidente de BlackRock Brasil.
El informe de SE Advisory Services en asociación con Spainsif — ‘Financiación e Inversión: Horizontes en Biodiversidad 2025’ — revela que las instituciones financieras globales ya están desarrollando estrategias distintas para biodiversidad, a pesar de las brechas de datos y métricas poco claras. Para las empresas, esto señala un cambio fundamental: los impactos sobre biodiversidad están dejando de ser preocupaciones reputacionales para convertirse en factores materiales que afectan el acceso al capital. Los bancos comienzan a integrar riesgos relacionados con la naturaleza en los criterios de crédito, mientras los gestores de activos aplican modelos sofisticados para cuantificar riesgos naturales en carteras. Las empresas con alta dependencia de la naturaleza necesitan reevaluar sus operaciones bajo una lente de riesgo financiero. La evaluación de biodiversidad está a punto de volverse tan rutinaria como el análisis crediticio antes de que termine esta década.
La ubicación de la COP30 en la Amazonía ha puesto en relieve las tensiones en torno a la equidad. Grupos indígenas, incluidos miembros del pueblo Munduruku, han realizado protestas en las puertas del recinto, pidiendo una mayor inclusión en las negociaciones climáticas. Con 29 territorios indígenas en la Amazonía esperando demarcación, la desconexión entre quienes protegen los bosques y quienes negocian su futuro se ha vuelto visible.
La Declaración de Belém sobre el Combate al Racismo Ambiental, adoptada en la Cumbre Climática de Belém el 7 de noviembre de 2025, reconoce lo que las comunidades en primera línea han entendido durante mucho tiempo: los impactos climáticos no se distribuyen de manera equitativa ni son políticamente neutrales. Para las empresas que operan en estas regiones o se abastecen de ellas, el compromiso genuino con las comunidades locales se vuelve esencial para operaciones sostenibles. La complejidad de las partes interesadas va mucho más allá de las salas de juntas y las mesas de negociación.
Las tensiones entre inclusión y acción encuentran resolución en iniciativas concretas. La Declaración de Belém para la Industrialización Verde, respaldada por más de 35 países y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), apunta a la descarbonización de la industria pesada (por ejemplo, acero, cemento, productos químicos) mientras garantiza la creación de empleo. El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, enfatizó que los objetivos climáticos requieren una transformación económica real. El informe de Schneider Electric con el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, anunciado en la COP30, mapea rutas prácticas para esta transformación, destacando las ventajas estratégicas del país: desde su matriz energética limpia hasta el potencial del hidrógeno verde para liderar la descarbonización industrial global.
Rafael Segrera, Zone President South America, Schneider Electric, junto a Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil, presentando el informe “Novel Insights on Brazil’s Pathway to Industrial Growth and Decarbonization: Demand-Driven Scenarios, Policies, and Collaborative Strategies”.
Por separado, la Iniciativa Global sobre Empleos y Habilidades para la Nueva Economía, lanzada a principios de la semana por la CEO de la COP30, Ana Toni, mapeó la oportunidad laboral: 375 millones de nuevos empleos potenciales en la próxima década derivados de la transición climática, con inversiones en adaptación generando entre 190 y 375 millones de puestos. Sin embargo, menos del 0,5% del financiamiento climático se destina al desarrollo de la fuerza laboral, mostrando una brecha crítica.
El informe de Schneider Electric con la consultora Systemiq, también anunciado en la COP30, refuerza la magnitud de esta oportunidad, proyectando 760.000 nuevos empleos en bioenergía en Brasil para 2030, mientras enfatiza la necesidad urgente de capacitar profesionales en habilidades de automatización y electrificación que requiere la descarbonización industrial.
El desafío de implementación se extiende más allá de la transformación industrial. El Instituto de IA para el Clima (AICI, por sus siglas en inglés), lanzado en la COP30, busca dotar a los países en desarrollo de habilidades para aprovechar la IA en la acción climática. La iniciativa ofrecerá programas de formación para responsables políticos y profesionales técnicos, centrándose en construir aplicaciones de IA eficientes en recursos y adaptadas a contextos locales en el Sur Global.
Este reconocimiento del papel de la IA en la acción climática se alinea con nuestro propio enfoque. Nuestro anuncio de un ecosistema con IA nativa para la gestión de sostenibilidad demuestra cómo estamos ayudando a clientes en todo el mundo a navegar la complejidad mediante tecnología. La visión es inteligencia colaborativa: IA agente trabajando junto a expertos humanos como un compañero digital, creando un multiplicador de fuerza donde el análisis complejo se automatiza, liberando a consultores y clientes para centrarse en iniciativas estratégicas.
La COP30 marca un cambio de las promesas a la ejecución. El simbolismo de reunirse en la Amazonía, donde la regulación climática global ocurre de manera natural, subraya cuánto se retrasan los sistemas humanos respecto a los naturales. Mientras el bosque captura carbono y regula las lluvias de manera eficiente, nuestras negociaciones lidian con la complejidad inherente de traducir la ciencia climática en acción global coordinada.
Cuando el presidente Lula calificó esta cumbre como la “COP de la verdad” resultó profético, aunque quizás no como se pretendía. La verdad que emerge desde Belém no es triunfal ni catastrófica, sino pragmáticamente compleja. El progreso es real pero insuficiente; el financiamiento fluye, pero no lo suficientemente rápido; la participación del sector privado crece, pero requiere incentivos y marcos políticos más claros.
El viaje fluvial de 60 horas por el río Tapajós realizado por líderes indígenas, siguiendo la misma ruta utilizada para exportar productos agrícolas, encarna las tensiones entre modelos de desarrollo e imperativos ecológicos que la COP30 debe reconciliar. Aquí, en la Amazonía, la desconexión se vuelve evidente: negociando futuros climáticos en un bosque que ya demuestra cómo regularlos.
Mientras esperamos los días finales de la conferencia, el enfoque permanece en impulsar el paciente trabajo de implementación que exige la ciencia climática. Cada COP se construye sobre la anterior, creando impulso incluso cuando los avances parecen esquivos. Para nuestros clientes, el mensaje desde Belém es claro: la era de la planificación climática está dando paso a la era de la ejecución climática. La Amazonía observa y espera, mientras los negociadores trabajan para transformar promesas en cambios medibles en la atmósfera. En esta “COP de la verdad”, la implementación es la única métrica que realmente importa.
[1] https://www.wri.org/insights/ncqg-climate-finance-goals-explained#:~:text=Is%20the%20New%20Climate%20Finance,annually%2C%20which%20the%20NCQG%20replaces ↩︎
[3] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/decreto/d12677.htm
[5] https://www.frld.org/about
[6] https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2025/02/Press-Release_020325_AF-and-Fund-for-responding-to-Loss-and-Damage-Agree-to-Framework-of-Collaboration-to-Help-Vulnerable-Countries-Address-Climate-Change.pdf
[8] https://events.climateaction.org/climate-implementation-summit/
[9] https://www.climatebonds.net/
[10] https://www.gov.br/fazenda/pt-br/orgaos/spe/taxonomia-sustentavel-brasileira/arquivos-taxonomia/sustainable-taxonomy-of-brazil-december-v2.pdf
[11] https://www.unepfi.org/publications/principles-for-taxonomy-interoperability/
Adaptarse al cambio climático es clave para garantizar la continuidad operativa, cumplir los requisitos normativos y evitar los costes financieros asociados a los riesgos climáticos (inundaciones, sequías, incendios forestales, etc.).
No existe un enfoque único para la adaptación, pero hay muchas maneras de minimizar los riesgos y contribuir al mismo tiempo a su estrategia climática global.
En nuestra hoja informativa encontrará
Esperamos que esta guía le resulte útil y le anime a poner en marcha ya una estrategia de adaptación para mejorar la resistencia de su organización al cambio climático.